Como a muchos o muchas, algo que nos gusta y disfrutamos es estar cerca de la naturaleza y, por el contrario, si hay algo que detestamos, es cuando encontramos basura en ella. Así fue como comenzó nuestra obsesión por solucionar el tema de la basura, hace ya un par de años.
Buscando la razón del exceso de basura podemos notar que como humanidad hemos logrado optimizar los procesos de producción, dependiendo cada vez menos del esfuerzo humano; pero estos adelantos y un aumento progresivo del consumo fueron cambiando nuestro hábitos hasta llegar a la fórmula de “usar y tirar”. Y, claro, cuando unos pocos usan y tiran, no es un gran problema; pero cuando somos muchos o muchas, se provocan daños irreparables en nuestro ecosistema y eso nos afecta.
La fórmula de usar y tirar, de abusar de lo desechable, es lo que nos ha llevado a generar un gran crecimiento en el volumen de residuos y basuras, siendo esto un problema universal. Y es que la magnitud de este problema genera una serie de desafíos porque impacta fuertemente en la salud de las personas y en el medio ambiente.
El año 2010 nuestro país ingresó a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), organización que tiene como propósito: “Promover políticas para mejorar el bienestar social y económico de todos los pueblos del mundo”.
La OCDE realiza una serie de recomendaciones en distintas áreas a sus países miembros y específicamente para nuestro país en el área de medioambiente se hicieron las siguientes recomendaciones:
- Contar con una Política Integral para gestión de residuos.
- Aplicar el principio “el que contamina, paga” en la gestión de residuos domiciliarios.
- Avanzar en reglamentos específicos para productos prioritarios de la ley REP.
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¿Qué hemos hecho a partir de las recomendaciones de la OCDE?
Nuestro país aprobó en junio del año 2016 la Ley N° 20.920, la cual establece:
La ley N° 20.920 tiene por objeto disminuir la generación de residuos y fomentar su reutilización, el reciclaje y otro tipo de valorización. Para ello instala la responsabilidad extendida del productor y otros instrumentos de gestión de residuos, con el fin de proteger la salud de las personas y el medio ambiente.
La ley establece además un marco para la gestión de residuos que considera una jerarquía en su manejo, u orden de preferencia.
Entonces la primera opción es la prevención en la generación de residuos. El mejor residuo es aquel que no generamos.
Si no logramos prevenir su generación, la segunda opción es la reutilización, alargando la vida de este producto y evitando que se convierta en residuo.
Si no podemos reutilizarlo, entonces intentaremos llevarlo hasta un proceso de reciclaje y lo transformaremos en un nuevo producto. No debemos olvidar que en el reciclaje utilizamos energía y generamos residuos.
Después del reciclaje, tenemos la opción de la valorización energética, tal como lo encontramos en los hornos cementeros de nuestro país.
Y la última alternativa considera su eliminación, lo que nos ayuda a disminuir el uso de vertederos o rellenos sanitarios.
Otro objetivo de la Ley es la instauración de la “Responsabilidad Extendida del Productor” (conocido como régimen REP), que corresponde a un régimen especial que obliga a las empresas productoras, fabricantes e importadoras de ciertos productos a hacerse cargo de los residuos de estos productos cuando termina su vida útil.
Hasta el año 2015, un total de 36 países en el mundo utilizaban esta ley como un instrumento efectivo para la gestión de residuos. En Chile el propósito es establecer metas de recolección y valorización de residuos para crear una industria en torno a estos y así disminuir su eliminación.
La Ley N° 20.920 se inspira en 11 principios:
Estos principios se aplican mediante instrumentos legales, reglamentarios y económicos que promueven la articulación de diferentes actores y actividades (recolección, transporte y disposición final). La ejecución de estas actividades se deben demostrar mediante registros o medios de verificación, para así cumplir con las obligaciones que impone la ley.
Sabemos que la implementación de una ley es un proceso no fácil, un camino largo, donde siempre la primera etapa considera conocer la ley y sus obligaciones. Esto nos permite entender qué acciones debemos implementar en nuestras organizaciones para evitar así incumplimientos y multas o sanciones.
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